Barreras a la accesibilidad en la propia práctica docente

Por su urgencia y prioridad, mucho se está escribiendo y haciendo para mejorar las prácticas docentes en el marco de la Educación Inclusiva. Podemos observar propuestas de políticas públicas que favorezcan el acceso a la educación, la actualización y el perfeccionamiento de los docentes y adecuación de la infraestructura para garantizar la mejor educación posible para todos.

Sin embargo, notamos un área vacante: el de las prácticas docentes en clave de accesibilidad.  Proponemos revisar la propia práctica detectando las barreras que perturban o impiden el acceso a la información y el conocimiento por parte de personas con movilidad, comprensión y comunicación reducidas. Incluye a las personas con discapacidad pero también a otros grupos que quedan “invisibles” o en penumbras.

Veamos esta situación: un estudiante universitario miembro de uno de los tantos pueblos originarios de nuestra América. Su lengua materna no es el español (el idioma “oficial” de la universidad en la que está matriculado). El diseño curricular, el desarrollo de las disciplinas involucradas y su didáctica pertenecen a una cultura ajena a la de nuestro estudiante ¿Cómo evaluar con equidad el rendimiento académico de este estudiante que toma clases de “Análisis Matemático” (con fuertes resabios de la escolástica, la lógica aristotélica en el que se basan conceptos como el de límite y derivada)?

En modo alguno la diversidad ética es una discapacidad. Pero podemos advertir fácilmente cómo su comprensión y comunicación se ven reducidas con respecto de sus compañeros.

Crear espacios de reflexión y comunidades de aprendizaje y prácticas que incluyan la revisión de la propia práctica orientada a detectar barreras a la accesibilidad es el primer paso para inducir cambios y transformaciones que se sostienen en el tiempo.

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Accesibilidad académica: buscando fundamentos jurídicos

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad invita a los países miembros a revisar sus legislaciones y prácticas al respecto. De acuerdo con el artículo 75, incisos 22 y 23, el Congreso de la Nación Argentina con la Ley 26378 inicia el trámite legislativo para que esta Convención tenga jerarquía superior a las leyes.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó el Programa integral de accesibilidad en las universidades públicas (2011). Este programa se basa en las indicaciones de la Convención, la CONADIS y la Ley de Educación Superior (específicamente en el artículo 2 modificado).

Por otra parte, el principio jurídico “la ley se presume conocida por todos” queda plasmado en el artículo 2 de la ley 340 (Código Civil).

Este somero marco jurídico obliga a los docentes a considerar cómo seleccionar o crear recursos didácticos accesibles. Más aún, si se tratara de formadores de formadores…

¿Cuál es el marco jurídico en sus comunidades para mejorar la accesibilidad académica o curricular?